Vara se plantea bajar el IRPF como Ayuso para compensar la inflación y desactivar al PP en año electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a marcar el paso de las autonomías. Pese a las críticas que recibe por sus rebajas fiscales, con una reducción del IRPF para compensar la subida de la inflación y ayudar así a las familias, varios gobiernos regionales del PSOE sopesan con detenimiento aplicar esta medida para no perder votos en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. El primer socialista en dar el paso, según fuentes de su entorno, es el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dispuesto a contactar con el PP para que apoye así los Presupuestos regionales del próximo año, donde volverán a abrirse las urnas.

Si la Junta de Extremadura acaba rebajando el IRPF que pagan los contribuyentes, el de Vara sería el cuarto Gobierno que toma esta decisión. Madrid -a la que incluso acusaron de dumping fiscal- fue el primero. Tras el de Ayuso se sumaron a la iniciativa la Junta de Andalucía, de Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Región de Murcia, de Fernando López Miras, todos del PP.

El desmarque de Guillermo Fernández Vara, que por ahora es el único barón socialista que defiende en solitario este nuevo mapa fiscal, genera preocupación en Ferraz. Más que nada porque, más allá de su opinión como presidente autonómico, algunos pesos pesados del socialismo como los ex ministros Jordi Sevilla y Miguel Sebastián también son partidarios de tocar algunos impuestos para favorecer la economía familiar, tanto el del IRPF como los de Patrimonio y Sucesiones.

El adelanto de Ayuso adoptando esta medida, según fuentes cercanas a Sánchez, ha dejado al jefe del Ejecutivo sin uno de sus ases en la manga para hacer frente a la situación. Moncloa, según las mismas fuentes, no descartaba una deflactación puntual a la misma vez que aprobaba un impuesto a las grandes fortunas.

Otras comunidades gobernadas por el PSOE descartan por ahora seguir los pasos de Vara “a menos que tome la iniciativa el Gobierno”. En el entorno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, apuntan a que “no es una cuestión que esté a día de hoy sobre la mesa”. Aunque en el gobierno castellano-manchego admiten “preocupación” por la situación que viven muchas familias de la región. En la misma línea se manifiestan desde los gobiernos socialistas de Baleares y Navarra.